11.6.2011 La difícil relación del gobierno y las ONG
Fabián Muro
Podrá cambiar de opinión en muchos temas, pero el discurso crítico del presidente José Mujica hacia las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha sido constante y coherente. Al menos desde poco tiempo antes de asumir la presidencia.
El más reciente exabrupto fue la crítica burlona a los ambientalistas que, según el presidente, impedían el desarrollo productivo del país porque pretenden que buena parte de Cabo Polonio permanezca, básicamente, como está.
Hay matices claro, pero muchas de las organizaciones que vieron en la izquierda una aliada natural para sus aspiraciones de transformar pautas sociales y económicas, reciben ya sea comentarios despectivos del presidente o constatan la escasa voluntad política de respaldarlas.
Más allá de las disputas por las dunas de Cabo Polonio, otras organizaciones de la sociedad civil, las OSC -Organizaciones de la Sociedad Civil, como se las denomina en el Mides, donde se instrumentan los convenios entre éstas y el Estado- también se suman a las críticas. Una de las últimas es el colectivo Ovejas Negras, que aglutina a homosexuales y otras opciones sexuales.
En setiembre del año pasado, en una accidentada conferencia de prensa, el gobierno anunció que el Plan Nacional Contra la Discriminación y el Racismo se suspendía. ONG feministas y dos organizaciones de afrodescendientes se habían “bajado” del plan, en medio de acusaciones de racismo y discriminaciones. Aunque el plan siguió, ahora también Ovejas Negras decidió retirarle el apoyo.
El proyecto se quedó así sin el respaldo y la participación de la sociedad civil, justamente sobre la que se pretende actuar para disminuir la discriminación y el racismo. “Aunque decidimos seguir apoyando cuando las otras organizaciones se fueron, hoy vemos que no hay voluntad política de llevarlo adelante”, dice Diego Sempol, de Ovejas Negras.
Esta tensión se inscribe, para algunos, en la resistencia entre los sectores predominantes del Frente Amplio hacia las ONG. El propio presidente se había despachado a gusto contra estas organizaciones en el libro Pepe coloquios. Allí dijo cosas como que las ONG son una “infección mundial”; que algunas “arrancan con proyectos curreros” y que, además, “termina todo en un curro”; que “no laburan mucho”; que “no los controla ni Peteco” y que “transforman una causa noble en una inmundicia, puro viaje para acá y allá”.
Paula Baleato, coordinadora de la Asociación Nacional de ONG (Anong) y directiva de El Abrojo, piensa que el recelo del gobierno hacia estas organizaciones es parte de una reflexión no saldada dentro del Frente Amplio, que tiene que ver con la crisis de la política en general y con las maneras de organizarse en particular.
En comparación con el sindicalismo -un movimiento que la izquierda conoce bien- organizaciones que promueven los derechos de minorías o la preservación del medio ambiente le siguen resultando nuevas a una dirigencia que ya había demostrado desconcierto cuando las Redes Frenteamplistas, una forma no convencional de reunirse, organizaron una movilización en la rambla de Montevideo durante la campaña electoral.
Aunque Baleato destaca que no hay una postura única dentro del gobierno respecto a las ONG, sí señala que parte de la hostilidad proviene de que se estaría “compitiendo” por la militancia.
Y ahí, los partidos u organizaciones políticas -herramienta fundamental para la izquierda- carecen de la movilidad y la cercanía que las ONG actualmente tienen: “Se trata por lo general de organizaciones más bien pequeñas”, dice Baleato, “muy próximas a la población y que pueden, por su tamaño y su contexto, adaptarse e innovar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad”.
El académico y consultor Nelson Villarreal Durán -ex asesor de la OPP durante el gobierno de Tabaré Vázquez- coincide en parte con la apreciación de que las ONG pueden “robarle” militancia a los partidos, y que éstos muchas veces las consideran como meros vehículos para políticas diseñadas por el Estado y no organizaciones autónomas. “Pero también hay que tener en cuenta que cuando una organización alcanza cierto nivel genera espacios de poder -que pueden frenar iniciativas del Estado- y que se profesionalizan sus integrantes, que pasan a vivir de la ONG”, dice Villarreal. “Nadie se ha hecho millonario así en Uruguay, pero vale tener en cuenta si el trabajo es por el sustento o por la agenda”.
El desafío para muchos de los involucrados en la tarea de organizar a aquella parte de la ciudadanía dispuesta a movilizarse es alcanzar el equilibrio y el trabajo complementario entre las ONG y el Estado. Pero eso es una tarea cada vez más complicada de lograr ante la desconfianza o la hostilidad de cierto oficialismo hacia aquellos que antes les daban una mano y hoy son “curreros”.
Lazos entre estado y sociedad
Es principalmente a través del Mides que el Estado mantiene los vínculos institucionales con las ONG. Actualmente y de acuerdo a lo que informa el propio ministerio en su sitio web hay 94 convenios entre el Estado y estas organizaciones. Aunque las fuentes consultadas para esta nota dijeron que se trata de partidas “restringidas” o “muy acotadas”, al cierre de esta nota el director de Políticas Sociales del ministerio, Andrés Scagliola, no había respondido a la consulta acerca de cuánto se destina a estos convenios por parte del Estado.
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